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La lucha contra las bebidas azucaradas exige transparencia

Tras fijar su atención en la guerra contra el tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido poner el foco en las bebidas azucaradas, a las que ha hecho responsables del aumento de la diabetes, las caries y la obesidad, esta última una patología que en algunos países alcanza la dimensión de epidemia.

La entidad dependiente de Naciones Unidas aprovechó ayer el Día Mundial contra la Obesidad para pedir un impuesto del 20% en el precio final de los refrescos, lo que según sus cálculos podría suponer una reducción equivalente en su consumo.

Según la OMS, una de cada tres personas tiene sobrepeso y 42 millones de niños menores de cinco años entran en esta categoría, 11 millones más que en 2000. El 11% de los hombres y el 15% de las mujeres de la población mundial son considerados obesos, mientras que la diabetes tipo 2 se ha multiplicado por cuatro durante las últimas tres décadas. En total, 400 millones de adultos padecen esta enfermedad. En España, el consumo excesivo de azúcar es una de las causas principales de que un 54% de la población y un 43% de los niños tenga obesidad o sobrepeso. Los alarmantes datos de la OMS deberían llamar a la reflexión a los diferentes gobiernos, que harían bien en endurecer el marco legislativo para rebajar el consumo de azúcar. Esto no sólo tendría efectos positivos sobre la salud, una prioridad insoslayable para cualquier sociedad, sino que supondría un alivio para el gasto sanitario. Ahora bien, esta tarea debe hacerse garantizando la máxima transparencia y evitando un marco regulatorio asfixiante para la industria de las bebidas azucaradas.

La lucha contra el consumo desorbitado de azúcares no es un objetivo menor, por lo que no debe ser minusvalorado por parte de las diferentes administraciones. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordaron ayer que la ingesta diaria de azúcar en España se sitúa en torno a los 94 gramos en los adultos, casi el doble de la cantidad recomendada por la OMS y hasta cuatro veces por encima de la cantidad que este organismo considera idónea. Es evidente que, además de revelar una dieta inadecuada, el éxito comercial de los refrescos subraya la gravedad de la guerra contra los azúcares. Sin embargo, ninguna guerra sanitaria pasa por estigmatizar a productos que, consumidos en dosis moderadas, no son nocivos para la salud. Desde la patronal española de bebidas refrescantes (Anfabra) consideran "injusta" una eventual subida de impuestos y recordaron que, en la última década, las calorías por litro del conjunto de bebidas refrescantes puestas en el mercado se han reducido un 23%.

El consumidor exige transparencia, y ello pasa ineludiblemente por articular un marco legal y tributario razonable. Pero también por que las empresas asuman el compromiso de informar al usuario con rigor y veracidad de los ingredientes de los productos puestos a la venta. En el caso de las grandes multinacionales tienen la obligación de asumir su responsabilidad social, lo que pasa por no financiar a organizaciones dedicadas a la salud pública. Es lo que ocurrió en EEUU con Coca-Cola y Pepsi, que entre 2011 y 2015 aportaron fondos a 96 entidades cuyo fin es limitar el consumo de bebidas azucaradas. Y, de la misma manera que ahora es casi imposible que una organización médica acepte dinero de la industria tabaquera, sería positivo que este comportamiento se extendiera a las empresas productoras de refrescos. La guerra contra las bebidas azucaradas no es un capricho científico. Es un desafío que debe ser afrontado con determinación. En caso contrario, tendría unas consecuencias nefastas para la salud.

 

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